Según la ley federal, la Ley de Informes de Crédito Justos (FCRA, por sus siglas en inglés) rige la denunciabilidad de los antecedentes penales. La FCRA está diseñada para equilibrar la necesidad de un empleador de información relevante con la necesidad de que las personas previamente condenadas obtengan empleo y vivienda. Según la FCRA, los proveedores de verificación de antecedentes pueden informar (1) condenas indefinidamente y (2) no condenas dentro de los últimos siete años. Por lo general, los arrestos que no conducen a una condena no se pueden informar después de siete años. Claramente, esto abre oportunidades de empleo, especialmente cuando la mayoría de los empleadores asumen que "no se encontraron registros" en una verificación de antecedentes significa que no existen registros.
Muchos estados restringen aún más la información de antecedentes que se puede reportar, limitando el alcance de la notificación de condenas a siete años, incluidos California, Kansas, Maryland, Massachusetts, Montana, New Hampshire, Nuevo México, Nueva York y Washington.
Aunque la FCRA limita la notificación de las no condenas más allá de la marca de siete años, algunos estados (California, Kentucky, Nuevo México y Nueva York) impiden por completo la notificación de las no condenas. En muchos estados, condados y municipios, las leyes "Ban-The-Box" restringen aún más cuándo se puede extender una oferta de empleo y crean parámetros sobre cuándo se puede rescindir una oferta de empleo. Año tras año, las limitaciones legislativas siguen aumentando.
Esencialmente, esto significa que un abusador convicto con una condena más antigua podría solicitar trabajar o servir en contextos de servicio a los niños, y un ministerio nunca sabría de la condena, a menos que el propio solicitante se lo dijera. Como resultado, corresponde a los líderes ministeriales familiarizarse con las pautas y restricciones específicas del estado, el condado y el municipio.